El Gobierno lanzó el reempadronamiento en un momento que “no hay puestos de empleo” en el comercio, la industria y la gastronomía

El reempadronamiento de Inclusión Social que comenzó el lunes 9 en toda la provincia ha generado incertidumbre en los beneficiarios. El Gobierno los convocó a comunicar otra vez expresamente si quieren seguir en el Plan en un momento de crisis y en el que “no hay puestos de empleo” en el sector privado.

Si bien, el Gobierno tuvo reuniones con referentes de diferentes sectores donde les comentaron puntos de la nueva legislación y la intención de firmar convenios para incorporarlos al mercado, las cámaras no tienen certezas sobre “la letra chica”.

Desde la administración de Alberto Rodríguez Saá aseguraron que el objetivo de la medida es definir quiénes siguen dentro del Plan para brindarles capacitaciones y puedan ser incluidos en “el mercado laboral formal”. Sin embargo, no hay claridad sobre cómo sucederá esto.

Este lunes continúa el reempadronamiento en Villa Mercedes.

En medio de la realidad económica, desde la industria, el comercio y también la gastronomía, expusieron un panorama complejo por el cual no pueden garantizar que sumarán mano de obra.

Entre los interrogantes que plantean se encuentran la inflación, una economía afectada después de dos años de pandemia, actividades que están paralizadas y la formación de los beneficiarios para insertarse en los distintos rubros.

Un escenario se da en la industria donde en los últimos años hubo una reducción en la cantidad de empleadores y como consecuencia de eso, de puestos de trabajo. En enero del 2016 San Luis tenía 571 contratantes y en el mismo mes de este año pasaron a ser 440.

En este sentido, el presidente de la Cámara en San Luis, Eduardo Mirengo transmitió a El Chorrillero que el principal inconveniente es “la incertidumbre al no poder proyectar” y “no conocer un plan estratégico”.

Reconoció que en el sector no están contratando personal, principalmente desde enero, donde se generó un “amesetamiento”. A eso agregó la inflación de los últimos meses y que la actividad en las empresas se encuentra “muy tranquila” de modo que solo están produciendo con el personal que cuentan, sin la necesidad de sumar más.

Mirengo opinó que es fundamental incluir a los beneficiarios, pero apuntó a que se “tienen que adaptar a la industria” y requiere “responsabilidad”.

“La cultura del trabajo se ha perdido. Reconstruirla va a costar muchos años”, agregó.

“El comercio está mal y necesita tomar gente porque si no lo hace no crece. Pero nadie se anima a tomarla por la falta de previsibilidad”, sostuvo uno de los integrantes de la Asociación de Comerciantes y Trabajadores Independientes (ACTI), Martín Carmona.

Contó que desde la entidad se reunieron con el ministerio de Desarrollo Social, con el fin de firmar convenios que permitan la contratación de los beneficiarios.

Aunque han dialogado sobre esto, no hay avances concretos porque no conocen los detalles de cómo sería el acuerdo. Los principales datos que recibieron son que por unos meses los contratantes no pagarán las cargas sociales poreque se hará cargo el Gobierno.

Por un tiempo, abonarán una parte de los salarios, hasta que después de un plazo los trabajadores sean absorbidos por el comercio.

Más allá de eso, Carmona consideró que deben tenerse en cuenta la destreza de cada uno para el sector en que puedan sumarlos.

En concreto, aclaró que no saben hacia dónde va este reempadronamiento y quieren ver cómo evoluciona todo.

“Si les pregunto quién debe tomar gente el 80% te va a decir que si. Principalmente por todo lo que redujeron en la pandemia. Pero ¿bajo qué condiciones?”, se preguntó.

“No veo mal la contratación, pero no sabemos a dónde va. Hay que estar atentos a eso. No hay precisiones. Y no la tenemos nosotros que estuvimos con el ministro (Nicolás Anzulovich)”, dijo en declaraciones a El Chorrillero.

“Hasta que no se esté cumpliendo, no creemos. No tenemos un convenio todavía firmado. Sí nos lo ofrecieron. No queremos ir a firmar algo que después sea malo para la gente”, agregó.

En esta situación, incluyó a los diferentes rubros que forman parte de la ACTI, como comercios minoristas, agencias crediticias y gastronómicos.

El presidente de la Cámara de Comercio en San Luis, Jorge Moyano coincidió en que no deben apresurarse y como obstáculo mencionó la inflación.

Además, hizo referencia a que los beneficiarios deben contar con “la capacitación suficiente”. Por eso, indicó que en el corto plazo el sector no puede garantizar que podrán recibir de manera masiva a los trabajadores porque “no están dadas las condiciones”.

Las personas que no se adhieran a este reempadronamiento, percibirán por tres meses el beneficio “Aporte No Remunerativo”.

Desde el sector gastronómico también habían puesto en escena la realidad que viven ante un aumento en la informalidad dentro de quienes trabajan en ese ámbito. Esto acota las posibilidades de que quienes integran Inclusión Social tengan posibilidades.

El secretario General de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), Claudio Álvarez abordó la pérdida de puestos de empleo después de la pandemia y cómo ha evolucionado el sector.

“Estamos haciendo un control exhaustivo, llevamos unas 400 inspecciones donde encontramos un porcentaje de trabajadores no registrados muy importante. En algunos lugares de hasta el 60%”, refirió.